La Justicia no investigará si hubo trato de favor del Gobierno autonómico al empresario Santiago Santana Cazorla, que pretende que se declare un proyecto de miles de camas de “interés general” para poder sortear así la protección del suelo en que se asienta la super urbanización.
La Justicia dirá lo que quiera, pero que Adán y Berriel traten de convencernos de que esos miles de apartamentos beneficiarán tanto a los canarios como para permitir construirlos en suelo protegido ya sería motivo suficiente en cualquier país serio para meterlos a todos en la cárcel.
Otro buen ejemplo de cómo retorcer la ley para beneficio de los grandes.
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